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¿Sabes si tu bar piratea el fútbol? Más de 60.000 locales lo hacen

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La mitad de los 120.000 establecimientos hosteleros que emiten los partidos de fútbol en España lo hacen de forma ilícita, según LaLiga. Un centenar de personas verifica cada fin de semana miles de locales para que regularicen su situación

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Alrededor de 120.000 bares apuestan, según estimaciones de LaLiga, por el fútbol como modo de atraer y retener clientes. Aproximadamente un 40% del total de negocios de hostelería. Pero solo alrededor de 60.000 lo hacen con licencia, de acuerdo con sus datos. Hecho que pone de manifiesto la incidencia de otro fenómeno estructural propio del país: la piratería. Uno de cada dos bares que emite los partidos lo hace de forma fraudulenta. Esto supone un enorme negocio opaco al fisco y ocasiona una competencia desleal con los hosteleros que pagan mensualmente por encima de 250 euros por la suscripción de un operador televisivo con derechos.

En las dos temporadas anteriores empresas externas subcontratadas por LaLiga y los operadores radiografiaron la piratería en bares para asistir a los hosteleros que, por cumplir con la legalidad, se sentían agraviados. La conclusión, aunque esperable, generó estupor. Ninguna zona está libre de piratería. Y sin importar el tipo de local; ocurre casi en idéntica proporción tanto en tabernas de poco aforo como en pubs con decenas de pantallas. Lo explica Jesús López, el responsable del departamento que creó LaLiga para, a partir de todo lo aprendido, actuar contra el fraude en las emisiones en establecimientos públicos. “El único patrón constatable es que la piratería disminuye en aquellos lugares donde se sienten más controlados y, por ende, menos impunes, como son los centros de las grandes ciudades y capitales de provincia”, especifica López.

Un tercio de los establecimientos que, según LaLiga, exhiben ilícitamente fútbol español recurren a la contratación de licencias de consumo doméstico. Estos contratos pueden costar hasta una tercera parte que los comercializados para establecimientos públicos. Los otros dos tercios, en torno a 40.000 locales de hostelería, directamente optan por instalar decodificadores ilegales que, bien a través de una conexión a Internet de banda ancha o bien gracias a una antena parabólica, dan acceso sin coste a todo el contenido.

López indica que del mapa de situación tras dos años de estudio solo puede colegirse que no se trata, en ningún caso, de intereses individuales. “No son informáticos que a título personal instalan a tal o cual conocido un decodificador. Hay todo un mercado negro organizado con un interés acérrimo en mantenerse de esa forma. No pagan impuestos en ninguna de sus facturas. Es decir: la mitad del negocio del fútbol en los bares permanece opaco”, explica.

LaLiga posee ahora una base de datos constantemente actualizada de estas malas praxis en todo el territorio nacional y ha desarrollado una tecnología que ha facilitado el diseño de una estrategia más eficiente para tratar de erradicarlas. Han dividido el país en cien áreas. Un algoritmo cruza el número de casos detectados con anterioridad, la densidad de población y la concentración de bares para planificar las rutas que deberán seguir los verificadores de LaLiga para corroborar sobre el terreno qué establecimientos exhiben partidos sin licencia. “No interrumpen para nada la normalidad del local. No hablan con el dueño o los clientes. Solo comprueban la señal y recopilan datos, y después se marchan”, aclara López. Cualquier cliente, de hecho, puede identificar fácilmente cuándo el establecimiento donde está viendo el fútbol (da igual un restaurante, un mesón, un café o un hotel) lo emite con licitud, pues en la pantalla aparecerá una mosca, un distintivo con una B —con ligeras variaciones de diseño y tipografía según el operador— que, precisamente, significa que cuenta con licencia de “bar”.

Cuando cualquiera de los 100 verificadores de LaLiga en sus visitas detecta situaciones indebidas pasa el caso al área de regularizaciones. Son ellos quienes contactan con el regente del negocio por carta y por teléfono para informarle de que está vulnerando derechos de propiedad intelectual y le facilitan información para, en un plazo de entre tres y cinco días, regularizar la forma en que exhibe fútbol, a través de la contratación de los servicios de cualquiera de los operadores de televisión autorizados, evitando con ello el inicio de acciones legales contra el establecimiento.

R. M. es uno de los dos jefes de equipo de la región Centro, que comprende Madrid, Castilla-La Mancha, parte de Castilla y León y Canarias. Cuenta que es habitual toparse, en sus visitas, con hileras de locales dispuestos en una misma calle donde ninguno, da igual grande o pequeño, nuevo o viejo, posee la licencia adecuada. “Con inusitada frecuencia encontramos barrios enteros donde todos los negocios de restauración y hostelería tienen instalado el mismo decodificador, la misma antena comprada y pagada en negro a la misma cuenta bancaria. Normalmente, a posteriori, hallamos un obvio porqué. Una publicación en páginas web de anuncios de empresas que venden estos dispositivos en la zona y se encargan de su mantenimiento”.

LaLiga ya ha conseguido tener un conocimiento territorial de un fenómeno que no es homogéneo para identificar con celeridad patrones de piratería. Y gracias a la cooperación con otros actores, como la policía y los propios operadores, y a que LaLiga es desde hace tiempo una referencia en la lucha contra los delitos de propiedad intelectual, se están produciendo avances contra la piratería.

“En otras ligas el coste de las suscripciones para poder emitir fútbol en establecimientos varía en función de factores como el aforo o los beneficios del local. Pero en España, según el análisis de los datos, el precio no es causa determinante para justificar la piratería. La cuestión es otra: es que un altísimo porcentaje de gente decide que, si puede servirse gratuitamente del fútbol para atraer público a su negocio, prefiere no pagar por algo que, no olvidemos, es una industria que equivale a más del 1% del PIB y da empleo a más de 100.000 personas”, declara López.

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