Cristiano Ronaldo firma su condena a dos años de cárcel por fraude fiscal

Xabi Alonso no llega a un acuerdo con la Fiscalía y esta le reclama cinco años de prisión

Cristiano Ronaldo acudió este martes a la Audiencia Provincial de Madrid para firmar su condena a 23 meses de cárcel y una multa de 18,8 millones de euros en virtud del pacto al que llegó con la Fiscalía y Hacienda, por el que reconoció haber cometido cuatro delitos fiscales entre 2011 y 2014. Sobre las 10.25 ha abandonado el lugar. “Ya está, ya está”, ha dicho. Dentro de sede judicial también se encuentra Xabi Alonso, que no llegó a un acuerdo la Fiscalía y esta solicita cinco años de prisión por tres delitos fiscales entre 2010 y 2012. El donostiarra es el único de una larga lista de futbolistas que en los últimos años han sido juzgados por fraude fiscal que se sienta en el banquillo de los acusados para defender su inocencia.

El primero en llegar fue Xabi Alonso, en torno a las 9.15 y, media hora después, Cristiano Ronaldo, acompañado por su pareja, Georgina Rodríguez, y de dos abogados en una furgoneta negra con los cristales tintados. El portugués, que entró risueño en el juzgado, vestía un traje negro y zapatillas blancas y doradas. Ella, un abrigo color burdeos. El delantero de la Juve solo se paró para firmar un autógrafo a un aficionado con un cartel de la Copa de Europa. Subiendo el tramo de 50 metros de escaleras, una persona le preguntó cómo estaba, a lo que él respondió: “Perfecto”. El tribunal desestimó la petición de la defensa de Cristiano para que este dispusiese de medidas de seguridad excepcionales durante el acceso a las instalaciones. En el caso de Ronaldo, su paso por la Audiencia Provincial fue puro trámite, solo para firmar su condena a dos años de prisión y al pago 18,8 millones. 

Como Xabi Alonso, que niega cualquier delito, Ronaldo actuó de la misma manera cuando en su declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón como investigado afirmó que “jamás” ocultó nada y que no “ha tenido intención de evadir impuestos”, si bien más tarde acabó aceptando el fraude fiscal por recomendación de sus asesores.

La Fiscalía cifró en un primer momento en 14,7 millones de euros el fraude tributario y tras el acuerdo con Ronaldo lo rebajó a 5,7 millones de euros, si bien este deberá pagar casi 19 millones entre intereses y multas. De esta forma, el caso de Ronaldo se suma al de otros de futbolistas como Luka Modric, Marcelo, Radamel Falcao, Angel Di María o Javier Mascherano, que también han incurrido en delitos contra la Hacienda Pública y han llegado a acuerdos con la fiscalía de cara a reducir posibles penas.

Estructura societaria ilícita

El Ministerio Público cree que el jugador portugués se aprovechó de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento “voluntario” y “consciente” de sus obligaciones fiscales en España. Además, el Ministerio Público asegura que Ronaldo presentó en su declaración del IRPF de 2014 una rentas de fuente española entre 2011 y 2014 de 11,5 millones de euros, cuando las rentas verdaderamente obtenidas fueron de casi 43 millones de euros.

Por último la Fiscalía señala que Ronaldo no incluyó “voluntariamente” unos ingresos que Hacienda cifra en 28,4 millones de euros por derechos de imagen a otra sociedad a la que ya había cedido estos derechos entre 2015 y 2020 llamada Adifore Finance LTD que solo operaba para territorio español

En el caso de Alonso, además del jugador, son juzgados el asesor fiscal Ivan Zaldúa y el administrador de la sociedad Kardazli Comercio Serviços de Consultoría e Investimentos LDA, Ignasi Maestre. Al margen de los cinco años de prisión que pide para cada uno, la Fiscalía solicita una multa individual de cuatro millones de euros y, en concepto de responsabilidad civil, el abono de forma conjunta y solidaria de 2.032.845 euros a la Agencia Tributaria, pues esa fue la cantidad presuntamente defraudada más los intereses.

Según la Fiscalía, a mediados de 2009 los tres acusados se pusieron de acuerdo para articular una “aparente” cesión de la explotación de los derechos de imagen Alonso “con la intención de que el mismo obtuviera un beneficio fiscal ilícito”. El 9 de agosto de ese año, el jugador, asesorado de forma efectiva por Zaldúa, suscribió un contrato por el que simulaba la cesión de la explotación de sus derechos de imagen a la sociedad Kardzali en Madeira y cuyo administrador y gerente era Maestre. Pero esa sociedad pertenecía a otra radicada en Panamá de la que Alonso fue titular del cien por cien de las participaciones sociales desde el 16 de diciembre de 2009.

La Fiscalía concluye que esa “aparente” cesión de los derechos de imagen se realizó cuando el futbolista gozaba de su condición de “no residente” en España (fichó en el verano de 2009 por el Real Madrid procedente del Liverpool), pero “mantuvo dicha estructura formal” durante los años siguientes y, “al menos hasta 2012”, teniendo durante ese tiempo la condición de residente fiscal español.